La alerta lanzada por el alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, no es un simple rifirrafe político; es una advertencia crítica que concierne a la vida y al futuro de todos los ipialeños. El riesgo de perder más de 10 mil millones de pesos aportados por Ecopetrol para obras vitales del acueducto municipal es, francamente, inaceptable.
Estos recursos no son un cheque en blanco para el debate político, sino una inversión crucial y largamente esperada, destinada a la construcción de una nueva estructura de captación y una línea de conducción. En términos sencillos: este dinero garantiza el suministro de agua potable y la tranquilidad de la ciudadanía por años. Retrasar o, peor aún, frustrar la destinación de estos fondos es poner en riesgo directo la seguridad hídrica del municipio.
El Bloqueo del Desarrollo
Si bien el control político es una función esencial del Concejo, debe ejercerse con responsabilidad, transparencia y, sobre todo, visión de futuro. La parálisis o la obstrucción de proyectos de esta magnitud por intereses que parecen ajenos al bienestar colectivo es una forma de sabotaje al desarrollo.
El alcalde Pantoja ha sido claro: hay un grupo de concejales que, con su accionar, estaría obstaculizando que estos recursos —que tienen plazos y condiciones— sean invertidos de manera efectiva. Ante una donación de Ecopetrol, la celeridad y la eficiencia deberían ser la única brújula del Concejo.
En una región que ha enfrentado históricamente desafíos en infraestructura de servicios públicos, desaprovechar esta oportunidad, que representa una de las inversiones más significativas en décadas para el acueducto, sería un acto de profunda irresponsabilidad histórica.
El Llamado a la Razón y al Compromiso
Es imperativo que los concejales de Ipiales entiendan la gravedad de la situación. Su mandato es servir a la comunidad que los eligió, y en este momento, esa comunidad necesita que el Concejo actúe con urgencia para destrabar la destinación de estos recursos.
No se trata de dar un cheque en blanco a la administración municipal, sino de priorizar el agua sobre cualquier disputa política. El control debe centrarse en garantizar que los recursos se inviertan bien, no en impedir que se inviertan del todo.
El Concejo tiene el deber de debatir, sí, pero su deliberación debe concluir con una decisión que beneficie a la gente. Perder $10 mil millones por falta de consenso o por intereses particulares será una mancha indeleble en la gestión de estos corporados.
Ipiales espera y exige que sus líderes electos demuestren que el interés público —la garantía del agua— es mucho más importante que cualquier agenda personal o de bancada. ¡El reloj corre y el agua no espera!
