La reciente decisión de una jueza de Medellín de compulsar nuevas copias en un proceso que vuelve a involucrar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe ha encendido, una vez más, las alarmas sobre el uso político de la justicia en Colombia. El senador antioqueño Esteban Quintero Cardona ha sido claro en su rechazo, y su preocupación no es infundada. Lo que estamos presenciando parece ser la reedición de un guion que, a lo largo de los años, ha buscado sistemáticamente minar la honra y el legado de una figura central de la política nacional.
Resulta, cuanto menos, inquietante que un proceso de más de 17 años reviva con fuerza justo en el umbral de un debate electoral crucial. Como bien señala el senador Quintero, la aparición de un proceso sustentado en testimonios que ya han sido desvirtuados en otras instancias judiciales huele más a estrategia política que a búsqueda de justicia. Es difícil ignorar la sincronía: cada vez que el uribismo o sus ideas vuelven a tomar relevancia pública, surge una nueva arremetida judicial que busca, precisamente, "manchar el nombre del hombre que salvó a Colombia del terrorismo".
Este panorama dibuja una paradoja moral y judicial que indigna a muchos colombianos. Mientras que los responsables de crímenes atroces, los miembros de las FARC, hoy gozan de curules gratuitas en el Congreso sin haber pagado un solo día de cárcel por sus crímenes de lesa humanidad, la justicia parece obcecada en perseguir a quienes, con sus políticas de Seguridad Democrática, lograron devolverle la tranquilidad al país. La frase del senador Quintero es lapidaria y real: "Algunos insisten en atacar a quienes han defendido a Colombia con valentía y resultados".
La compulsa de copias, en este contexto, se siente como un nuevo acto de "guerra jurídica" (lawfare), diseñado para desgastar no solo al individuo, sino también a la fuerza política que representa. La defensa de la verdad y los principios democráticos no puede ser un argumento vacío. El senador Quintero, al reiterar su "respaldo absoluto" y afirmar que "Uribe es inocente", sintetiza el sentir de millones de ciudadanos que ven en estos ataques no una búsqueda de la verdad, sino una revancha ideológica.
Colombia necesita una justicia imparcial, que opere bajo el principio de igualdad para todos. Mientras se sigan utilizando viejos expedientes con testigos cuestionables para atacar a adversarios políticos, se seguirá debilitando la confianza en nuestras instituciones y se pondrá en riesgo la salud de nuestra democracia. La defensa de la verdad no se detendrá, y el país debe estar atento a esta nueva fase de la persecución.
