Los recientes y gravísimos ataques con flechas contra cuatro agentes de policía en Bogotá, calificados por el gobierno nacional como un "claro intento de homicidio", han encendido las alarmas sobre la escalada de violencia urbana y han puesto en tela de juicio la efectividad de las políticas de seguridad y orden público. La reacción del gobierno, que si bien rechaza los hechos, parece limitarse a una condena verbal y a la promesa de denuncias por parte de la Alcaldía, resulta insuficiente y hasta preocupante para muchos ciudadanos.
| Acción Gubernamental | Percepción Crítica |
| Rechazo del ataque | Insuficiente sin acciones jurídicas inmediatas. |
| Denuncia ante entidades judiciales | Tarda y no garantiza la captura de los responsables. |
| Mantenimiento de la intervención policial | Necesario, pero riesgoso sin apoyo legal contundente. |
La Violencia Desbordada y la Indolencia Judicial
Es innegable que el "salvajismo" manifestado en estos ataques es una clara muestra de la ausencia de respeto por la autoridad y la vida, un fenómeno que parece ganar terreno en las calles de la capital. El uso de armas mortales como flechas en una protesta o disturbio, trascendiendo cualquier manifestación legítima o reclamo social, es un acto de terrorismo urbano que debe ser enfrentado con todo el rigor de la ley.
La crítica se dirige, justamente, a la aparente tibieza con la que el gobierno del "cambio" aborda este tipo de situaciones. Limitarse a un "rechazo" público y "lavarse las manos" con la delegación de las denuncias a la Alcaldía no cumple con la expectativa de justicia y seguridad que exige el pueblo colombiano. En un escenario donde se promueve la "Paz Total", la inacción inmediata para identificar, capturar y judicializar a los responsables de un intento de homicidio es vista como una contradicción flagrante y un pésimo precedente. Si el equipo de gobierno elegido no es capaz de tomar medidas jurídicas contundentes y realizar capturas inmediatas ante un ataque de esta magnitud a la Fuerza Pública, envía un mensaje de impunidad que solo incentiva la continuación de la violencia.
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¿Un Cheque en Blanco para la Violencia?
La sensación general es que, a pesar de la retórica de cambio y pacificación, la violencia sigue siendo la constante, y ahora se manifiesta de manera más osada y explícita en el corazón de Bogotá. El gobierno nacional tiene la obligación constitucional de garantizar el orden público y proteger a sus ciudadanos y a la Fuerza Pública. Un ataque como este exige una respuesta de Estado firme, rápida y ejemplarizante.
La demora en la acción judicial directa, la dependencia de la denuncia de una entidad territorial (Alcaldía) y la simple condena verbal, socavan la autoridad y sugieren que el miedo o una agenda política más amplia están priorizando la "paz" sobre la justicia. El pueblo colombiano no necesita solo un rechazo; exige justicia, capturas y una estrategia de seguridad que demuestre que la vida de un policía y la seguridad de las calles son prioridades innegociables. De lo contrario, la violencia, en efecto, seguirá campante y ahora con la certeza de la impunidad.
