La reciente extralimitación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) al solicitar a los medios de comunicación información confidencial sobre sus consejos editoriales ha encendido todas las alarmas en el panorama democrático. Este no es un simple requerimiento administrativo; es un peligroso asedio a la autonomía editorial que socava la piedra angular de la libertad de prensa en Colombia.
Los consejos editoriales son, como bien lo señala la editorial de El Espectador, el espacio sagrado donde late el corazón del periodismo libre. Es allí donde se delibera, se define el enfoque, se protegen las fuentes y se toman las decisiones sensibles para vigilar a los poderosos y cumplir el compromiso con la audiencia. Exigir actas, soportes documentales y criterios de selección de temas es, de facto, abrir la puerta a la censura indirecta.
La petición de la CRC, que incluso advierte con la "adopción de las medidas administrativas correspondientes" ante el incumplimiento, genera un efecto inhibidor inaceptable. Como advierte la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), esta intromisión no solo afecta la autonomía, sino que pone en riesgo la reserva de fuente, un pilar constitucional esencial. ¿Acaso una entidad estatal busca arrogarse la potestad de juzgar qué es y qué no es noticioso, o cómo deben elegirse las notas?
La respuesta del presidente Gustavo Petro, intentando vincular la acción de la CRC con un fallo del Consejo de Estado sobre alocuciones presidenciales, resulta desacertada y evasiva. La solicitud de la CRC es una afrenta directa a la independencia periodística y no tiene sustento jurídico en la mencionada decisión judicial. Necesitamos un rechazo vehemente desde la Casa de Nariño, no una justificación tangencial, pues la independencia de los medios es un requisito sine qua non de cualquier democracia.
La CRC debe entender que su rol es la regulación técnica del sector, no la fiscalización de la línea editorial ni la amenaza a la libre deliberación. Si bien los medios tenemos responsabilidades, la no intervención abusiva del Estado en las decisiones editoriales es una garantía fundamental. La democracia no se protege con más control estatal sobre la prensa, sino con una prensa fuerte e independiente.
El accionar de la CRC es un paso en la dirección equivocada. Es hora de que rectifiquen y retiren esta peligrosa solicitud que atenta contra la libertad que tanto nos ha costado construir. La autonomía de los medios no se negocia; es el escudo de la verdad que protege a la ciudadanía.
