La búsqueda de la paz en Colombia parece haber entrado en una fase donde la elasticidad de la ley se estira hasta límites peligrosos. La reciente demanda ante el Consejo de Estado contra las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para el Clan del Golfo —o el "Ejército Gaitanista de Colombia", como prefieren llamarse— no es solo un trámite jurídico; es un llamado de alerta sobre cómo se está administrando la justicia y la seguridad nacional.
Un vacío jurídico disfrazado de voluntad
El argumento central de la demanda, liderada incluso por un exdefensor del propio presidente Petro, es contundente: el Jefe de Estado parece estar interpretando la ley a su antojo. Al crear estas zonas en Tierralta, Belén de Bajirá y Unguía, el Gobierno no solo delimita geográficamente un espacio para casi 9,000 hombres armados, sino que suspende de facto la operatividad judicial.
El punto más crítico es la suspensión de las órdenes de captura y las solicitudes de extradición para figuras como alias "Chiquito Malo". ¿Es aceptable que, en nombre de un diálogo aún inmaduro, se frenen procesos de justicia internacional por crímenes que han desangrado al país?
Incertidumbre en el territorio
Mientras en Bogotá se firman resoluciones, en Córdoba y Chocó reina la confusión. No existe claridad sobre:
El control efectivo: ¿Quién vigilará que estas zonas no se conviertan en santuarios de reorganización criminal?
La convivencia: ¿Cómo se garantiza la seguridad de las poblaciones civiles que ya viven en estos municipios?
La temporalidad: ¿Qué sucede si los diálogos fracasan? La historia de las zonas de distensión en Colombia nos ha dejado cicatrices que no permiten el optimismo ciego.
Conclusión: La justicia no puede ser una moneda de cambio
La paz es un fin noble, pero no puede construirse sobre el socavamiento de las instituciones. Si el Consejo de Estado decide tumbar estas resoluciones, el mensaje será claro: la ley no es una sugerencia que el Ejecutivo pueda moldear según sus necesidades políticas del momento.
Concentrar a miles de hombres de una de las estructuras criminales más potentes del mundo sin un marco legal robusto y transparente es, como mínimo, una apuesta irresponsable. La paz requiere orden, y el orden empieza por respetar la separación de poderes y el cumplimiento de la ley penal.
