La noticia
emanada de la Procuraduría General de la Nación no es una simple pieza de
burocracia, sino un *eco desgarrador de
la tragedia que Mocoa vivió en 2017 y una radiografía de la indolencia administrativa
que vino después. Llamar a juicio a dos exdirectores de la UNGRD,Eduardo José
González Angulo ("El Mono González") y Olmedo López Martínez por el
fiasco de la reconstrucción,* valorada en más de $185.000 millones,
es una obligación moral que el Estado, por fin, parece empezar a asumir.
La
Procuraduría es contundente: *"A la
fecha, el proyecto de la reconstrucción de Mocoa, no se ha culminado."* Esta
frase no solo implica un incumplimiento contractual, sino un abandono a las
víctimas que perdieron todo. *Se trata
de 56 megaobras y obras de mitigación de riesgo que debían devolver la dignidad
y la seguridad a los habitantes del Putumayo*.
El
expediente disciplinario es un manual de lo que no debe hacerse en la gestión
pública: presunta omisión para garantizar la culminación de las obras, falta de
gestiones oportunas para reencauzar el proyecto y ceguera ante los obstáculos. *El resultado es devastador: contratos
millonarios suspendidos, otros que no se ejecutaron y algunos que ni siquiera
llegaron a iniciar.* Es decir, el dinero público, proveniente de las
regalías que deberían cimentar el progreso, quedó paralizado, mientras el
riesgo y la incertidumbre continúan azotando a la comunidad.
La
calificación de las conductas como *“Falta gravísima”* a título de culpa
grave y gravísima es apropiada, pero la justicia disciplinaria debe ser solo el
primer paso. El impacto de estas presuntas omisiones va más allá de un
expediente administrativo; *es una
traición a la confianza ciudadana y un acto de crueldad con una población ya
golpeada por un desastre natural.*
No se puede
ignorar el contexto político que rodea a uno de los implicados. *La mención del llamado al jefe del “clan de
los monos" y las aspiraciones electorales al Senado y la Cámara de
Representantes de varios de sus miembros, mientras pesan sobre ellos
señalamientos de enriquecimiento y abandono de la gestión*, genera una
profunda indignación. Los ciudadanos merecen respuestas de quienes aspiran a
representarlos, especialmente cuando se trata de recursos destinados a paliar
una calamidad. *Quien no pudo responder por la reconstrucción de Mocoa,
¿cómo puede aspirar a legislar el futuro del país?*
Es
imperativo que la justicia no se detenga. Es hora de que los afectados por este
abandono vean cómo la justicia enmienda, de manera inmediata, no solo los errores
administrativos, sino el dolor de la espera.
*La reconstrucción de Mocoa no es solo una tarea de ingeniería, sino de
restaurar la fe en la ética pública. La deuda con Mocoa sigue pendiente, y el
juicio a sus responsables es el primer ladrillo para saldarla*
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