La reciente propuesta del Gobierno de Gustavo Petro para limitar al 30% la inversión de los fondos de pensiones en el exterior ha encendido un debate que es, en el fondo, una colisión entre dos visiones de país: la del Estado como dinamizador de la economía local y la de los mercados como guardianes de la propiedad privada y la rentabilidad.
El argumento de la soberanía productiva
Desde la óptica oficial, el diagnóstico del superintendente César Ferrari es difícil de refutar en el papel: Colombia sufre de una anemia de ahorro doméstico (6% del PIB) frente a una necesidad de inversión del 18%. En teoría, repatriar esos capitales para volcarlos en infraestructura, energía y empleo suena como un acto de justicia macroeconómica. Si el dinero de los trabajadores colombianos no financia el desarrollo de Colombia, ¿quién lo hará?
Sin embargo, la economía no funciona por decreto, sino por incentivos. Forzar el capital a quedarse en casa es una medida que ataca el síntoma (la falta de inversión), pero ignora la enfermedad (la falta de proyectos atractivos y seguridad jurídica).
Los riesgos de la "jaula" financiera
La crítica de sectores como Asofondos pone el dedo en la llaga sobre tres riesgos fundamentales:
La diversificación es la mejor defensa: Al obligar a las AFP a concentrar el ahorro en Colombia, se les despoja de su "seguro de vida". Invertir en mercados internacionales permite que, si a la economía colombiana le va mal, el ahorro del trabajador se proteja con activos en dólares o acciones en mercados más robustos.
El peligro de la "TES-dependencia": Existe un riesgo real de que estos recursos no terminen en puentes o fábricas, sino financiando el déficit fiscal del Estado a través de títulos de deuda pública (TES). Esto crearía un círculo vicioso donde el ahorro pensional queda atado a la salud de las finanzas del Gobierno de turno.
Rentabilidad en juego: Los datos son fríos. Se estima que, sin la diversificación internacional actual, el ahorro total de los colombianos sería significativamente menor. Limitar el horizonte de inversión es, en la práctica, limitar el tamaño de la mesada futura.
Entre la transición y la desconfianza
El Ministerio de Hacienda ha intentado calmar las aguas proponiendo una transición de cinco años. Es un gesto de sensatez técnica, pero el ruido político es ensordecedor. Calificar la medida de "robo" es una hipérbole que no ayuda al debate técnico, pero refleja un miedo genuino de la ciudadanía: que el ahorro de toda una vida se convierta en la "caja menor" para experimentos políticos.
Conclusión: El mercado necesita proyectos, no solo capital
El Gobierno tiene razón en que Colombia necesita más inversión interna. Pero el camino no es cerrar las fronteras al capital pensional, sino crear un entorno donde los fondos quieran invertir en el país porque es rentable y seguro, no porque un decreto los obligue.
Si se aprueba esta medida, el éxito no se medirá por cuántos dólares regresaron al país, sino por cuánta rentabilidad real generaron esos pesos en manos del Estado o la industria local. De lo contrario, habremos cambiado la seguridad financiera de los futuros pensionados por un alivio económico de corto plazo.
