El escándalo de corrupción que azota a la NUEVA EPS, la aseguradora de salud más grande del país, es más que un simple desfalco financiero. Es una afrenta directa a la vida, una traición a la confianza pública y un crimen que debe ser juzgado con la máxima severidad. El desvío de $70.563 millones de pesos para maquillar pérdidas y sostener contratos lucrativos no es un «error contable»; es un acto deliberado que convirtió la salud de millones de colombianos en la caja menor de intereses privados.
La Salud como Botín: Un Fraude con Víctimas Reales
Las revelaciones de la Contraloría General de la Nación, que documentan cómo entre 2019 y 2023 se ocultaron miles de facturas y pasivos reales para simular una solvencia ficticia, pintan un panorama desolador. Esta manipulación permitió que la EPS mantuviera su habilitación regulatoria y continuara recibiendo cuantiosos giros estatales, a pesar de estar sumida en pérdidas.
Las víctimas de este fraude son fácilmente identificables: las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que quedaron con cuentas sin cobrar, y, lo más grave, los pacientes que vieron en riesgo la continuidad de sus tratamientos. Cuando los fondos destinados a curar y cuidar se desvían para mantener un balance artificial, se rompe la cadena de atención. La salud pública se convierte en un riesgo sistémico. El salto de la deuda de $5.42 billones a $21.37 billones en solo un año es la prueba irrefutable de un sistema colapsado por la avaricia.
