El caos vial en Colombia se ha convertido en una epidemia de indolencia. Detrás de cada cifra fría de 700 bloqueos en lo corrido del 2025 o los $1.9 billones en pérdidas que reporta Colfecar, se esconde la desesperación de millones de ciudadanos: el comerciante que pierde su carga, el campesino que ve pudrirse su cosecha y el paciente que no llega a la clínica. La protesta es un derecho fundamental, sí, pero el derecho de uno no puede ser la tragedia del otro.
El Cauca, Zona de Sacrificio
El suroccidente del país, con Cauca y Nariño a la cabeza, ha sido histórica y trágicamente el epicentro de esta problemática. Que solo en el 2024 se hayan registrado 55 bloqueos en la vía Panamericana en el Cauca, con pérdidas que superaron los $295.000 millones, no es solo una cifra económica, es una sentencia de atraso.
La Panamericana, columna vertebral de la economía regional, no puede seguir siendo un campo de batalla donde se dirimen controversias. La constante interrupción de esta vía no solo afecta a los departamentos colindantes, sino que pone en jaque la seguridad alimentaria y la competitividad de toda una nación. Los ciudadanos de Popayán, al acoger la Audiencia Pública de la Comisión Primera de la Cámara este jueves 23 de octubre, envían un mensaje claro: la paciencia se agotó.
Un Marco Necesario, No una Censura
El Proyecto de Ley Estatutaria, impulsado por congresistas como Christian Garcés y Óscar Campo (PL347/2025C), es una iniciativa urgente y sensata. No se trata de abolir el derecho a la manifestación; se trata de trazar una línea roja donde termina el derecho a protestar y comienza el derecho de todos los demás a la libre movilidad.
Los pilares del articulado son claros y necesarios:Declaración de Vías Estratégicas (Art. 2): Reconocer y proteger las vías primarias, puertos y aeropuertos como infraestructura vital para la soberanía y la subsistencia nacional. Es decir, garantizar la cadena de suministros y el comercio (Art. 1 y 3).
Celeridad en la Intervención (Art. 7 y 8): Establecer que el Gobierno debe intervenir dentro de las primeras 5 horas para el diálogo y, si fracasa, restablecer la movilidad con la Fuerza Pública en un máximo de 12 horas. ¡Basta de bloqueos indefinidos!
Responsabilidad y Sanciones (Art. 10 y 12): Prohibir los acuerdos que perdonen daños a quienes cometen delitos y sancionar a los funcionarios que, por acción u omisión, permitan el caos.
La Oposición a la Razón
Es lamentable que iniciativas como esta hayan encontrado resistencia, especialmente por parte de congresistas que, al parecer, ven en el bloqueo una herramienta política legítima. Aplazar la discusión en noviembre de 2024 y presentar proposiciones de archivo es hacerle un flaco favor al país. El debate no debe ser sobre si se debe protestar, sino sobre cómo se protesta.
La protesta legítima se expresa sin paralizar el país, sin secuestrar la economía de regiones enteras, y sin poner en riesgo vidas. Este proyecto de ley no es un arma contra los manifestantes; es un escudo para la economía, la seguridad alimentaria y los derechos de la mayoría silenciosa.
El Congreso de la República tiene en sus manos la oportunidad de restablecer un principio básico de convivencia. Esperamos que, tras escuchar a los gremios y a la ciudadanía afectada en Popayán, la Comisión Primera actúe con la valentía y la visión de Estado que el país necesita para decir, de una vez por todas: ¡La libre movilidad no es negociable!
