La reciente operación militar en el sector Mayasquer, zona rural de Cumbal, Nariño, no es solo un informe de bajas y decomisos; es un potente llamado de atención sobre la complejidad y la profunda ambigüedad de los procesos de paz en Colombia. La noticia del 22 de noviembre de 2025, que reporta un miembro muerto y cuatro capturados del grupo armado organizado "Comuneros del Sur" (una disidencia del ELN), desgarra la frágil tela de la confianza en medio de un supuesto "proceso de paz territorial".
El corazón de la controversia radica en una pregunta que el Ejército mismo plantea: si este grupo está buscando un diálogo de paz, ¿por qué sus integrantes caen en medio de un operativo con seis fusiles, un mortero artesanal, un dron y 13 granadas?
La incautación de este arsenal de guerra y el material de intendencia demuestra, con una elocuencia brutal, que la estructura no ha abandonado las tácticas ni la capacidad ofensiva de un grupo insurgente activo. La coordinación con el Ejército de Ecuador en una "operación espejo" fronteriza subraya, además, la dimensión transnacional de sus actividades.
La Sombra del Delito sobre la Mesa de Negociación
Lo más preocupante es la confirmación oficial: si bien "Comuneros del Sur" adelanta un proceso de paz, continúan bajo investigación por una lista de actividades ilícitas que socavan cualquier intención de buena fe:
Minería Ilegal: Un ecocidio financiado.
Tráfico de Estupefacientes: La gasolina del conflicto.
Extorsiones: El terror diario contra la población civil.
Presiones contra Comunidades Indígenas: La violación de la autonomía territorial.
Esto nos obliga a reflexionar: ¿puede un grupo negociar la paz mientras mantiene intactas y operativas sus fuentes de financiación criminal? La respuesta, a la luz de los hechos de Cumbal, parece ser un rotundo no. Mantener la extorsión y el narcotráfico no es una preparación para la paz, sino una estrategia de fortalecimiento en caso de que las negociaciones fallen. Es, en esencia, usar la pausa del diálogo para seguir delinquiendo.
El Dilema del Estado y la Comunidad
El Gobierno Nacional y la Fuerza Pública enfrentan un dilema ético y operativo:
Mantener el Diálogo: La puerta de la paz no debe cerrarse, pues la alternativa es la escalada de la guerra.
Garantizar la Seguridad: El Estado tiene el deber constitucional de proteger a los ciudadanos de la extorsión, el narcotráfico y la violencia armada, independientemente de si el agresor está o no en un proceso de negociación.
La operación en Cumbal es una señal de que la Fuerza Pública no cederá en su labor esencial. Es un mensaje claro para "Comuneros del Sur": el cese de hostilidades debe ser total, verificado y, sobre todo, sincero. No se puede tener un pie en la mesa de negociación y el otro en el negocio del terror.
La comunidad de Nariño, especialmente las poblaciones indígenas afectadas, merecen respuestas claras. El futuro de la "Paz Total" en este territorio fronterizo pende de un hilo delgado: la voluntad real de los grupos armados de dejar las armas y la actividad criminal, no solo de simularlo. Los hechos, como los de Cumbal, gritan más fuerte que cualquier comunicado de prensa.
