La política colombiana se ha visto sacudida por una medida de alto impacto internacional: la inclusión de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, junto a su padre, la primera dama Verónica Alcocer y el exministro Armando Benedetti, en la llamada Lista Clinton (oficialmente Lista SDN de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Esta acción por parte de Washington no es solo una sanción económica, sino un golpe reputacional y una clara señal sobre las preocupaciones en torno a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y sus posteriores políticas.
Las Acusaciones y la 'Lista Clinton'
La designación contra Nicolás Petro se basa en señalamientos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en Colombia. El exjefe de campaña de su padre en Barranquilla fue arrestado en 2023, y posteriormente admitió haber recibido dinero ilícito de personas anteriormente vinculadas al narcotráfico y a paramilitares. El comunicado del Tesoro de EE. UU. señala que este dinero fue supuestamente canalizado hacia iniciativas de "paz total" y a la campaña electoral de Gustavo Petro.
La inclusión en la Lista Clinton tiene severas consecuencias: implica el bloqueo de activos que los designados puedan tener en Estados Unidos y la prohibición de transacciones con cualquier persona o entidad estadounidense, aislando efectivamente a los sancionados del sistema financiero internacional dominante.
Reacciones y el Contexto Político
La respuesta de Nicolás Petro ha sido de rechazo, calificando la medida como una "persecución política sin precedentes" y argumentando que su inclusión se debe únicamente a ser hijo del presidente. El presidente Gustavo Petro también se ha pronunciado, defendiendo su historial de lucha contra el narcotráfico y declarando que esta medida es una "paradoja," asegurando que ni él ni su gobierno darán "ni un paso atrás."
Esta escalada de tensiones se da en un contexto de fricción política con Estados Unidos, en particular con voces del Partido Republicano. La sanción externa, aunque no tiene un efecto constitucional automático para destituir al presidente, genera una profunda crisis de confianza y limita la capacidad de Petro para operar en foros internacionales. La acusación del Tesoro contra Nicolás Petro, en particular, subraya la preocupación de EE. UU. por la presunta infiltración de dinero del crimen organizado en el círculo más cercano del poder colombiano.
El caso de Nicolás Petro, que ya enfrentaba un proceso judicial en Colombia, se convierte ahora en el epicentro de una crisis diplomática y un examen de la integridad del poder ejecutivo en Colombia, con implicaciones que trascienden las fronteras nacionales.
